La FIFA amenaza con parar al fútbol español
Avanza el año electoral más convulso de las últimas décadas y en el entorno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se proyectan escenarios favorables, neutros o fatigosos. Pero nunca sin fútbol. Nunca con la selección de España apartada de todas las competiciones. Nunca con el Real Madrid, o el Barcelona, vetados en la Champions, sin poder fichar, o sin arbitrajes para celebrar partidos oficiales. Nunca sin el entretenimiento nacional por excelencia. Porque para la mayoría de los políticos españoles, y en especial para los futboleros sensibles como Rajoy, un país sin la rutina del fútbol es un país impredecible. Y eso es exactamente lo que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) amenaza con hacer cuando estudia suspender a España si el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), persiste en su iniciativa de legislar sobre el reparto de los derechos audiovisuales de la Liga sin consultar con la federación, así como en aplicar la ley de Emprendedores en el ámbito del fútbol aficionado.
Ángel María Villar, presidente de la federación y vicepresidente de la FIFA, apeló al artículo 78 del Estatuto de la FIFA, el artículo 48 del Estatuto de la UEFA, y el 198 del Reglamento de la RFEF en su condición de organizadora de todas las competiciones oficiales, en la junta directiva que encabezó el 28 de enero. Estas normas establecen que la titularidad de los derechos sobre las competiciones de cada país corresponde a las federaciones nacionales “sin ninguna restricción”. Villar, junto con los presidentes de clubes presentes en el acto, acordaron denunciar a la FIFA la actividad del CSD. Pero llegaron tarde. El 5 de febrero, antes de remitir la denuncia, la federación recibió otra carta en la que la FIFA se hacía eco de noticias publicadas en “medios de comunicación” para alertar sobre posibles “injerencias gubernamentales” en facultades privativas de la federación. Villar replicó por escrito que, en efecto, a su entender se estaban produciendo “hechos contrarios a la federación” y señaló como primer responsable al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. La FIFA prosiguió con la escalada de tensión burocrática emitiendo una orden el 19 de febrero. La firmó el secretario general Jèrôme Valcke pidiendo a Villar que informe de “todas las actuaciones del Gobierno por si fueran merecedoras de sanciones que acarreen suspensión”.
Tanto Villar como Valcke entienden que el Gobierno ha traspasado sus límites. Primero, legislando sin su consentimiento sobre el reparto de derechos audiovisuales de las competiciones locales, aceptando modificaciones estatutarias de la Liga con el informe en contra de la federación, y evitando la prohibición de los fondos de inversión, cuando la FIFA ha mandado abolir estos instrumentos para acceder a la propiedad de futbolistas. Segundo, la FIFA determina que el Gobierno interfiere en el marco de la empresa privada al aplicar la Ley de Emprendedores en el fútbol base. Esta Ley obliga a que se den de alta en la Seguridad Social los monitores, técnicos, jardineros y auxiliares voluntarios, que colaboran en todo el fútbol aficionado a cambio de pequeñas compensaciones de gastos (habitualmente entre 30 y 90 euros, según la federación). También condiciona a los directivos más humildes, los que no perciben nada por su trabajo, haciéndolos corresponsables entre sí de cualquier sanción que pudiera recaer sobre sus clubes por incumplimiento de la Ley de Emprendedores. Los clubes denuncian que las inspecciones de la Seguridad Social se multiplican.
Presidida por Joseph Blatter, viejo aliado de Villar, la FIFA ya ha sancionado con la suspensión a países como Grecia, Portugal, Perú, Nigeria, Camerún, Bosnia-Herzegovina y El Salvador. Ninguno de los gobiernos afectados encontró medios jurídicos para evitarlo. Castigar a España supondría un paso insólito por las dimensiones de la industria del fútbol en cuestión. “Esa es una pregunta que debe responder la FIFA”, dice Miguel Cardenal, cuando se le interroga por las posibilidades reales de que España sufra una exclusión temporal de los torneos internacionales. En el CSD ha transcurrido otra semana sin que desde Moncloa les anuncien que tratarán el asunto de los derechos del fútbol en el siguiente Consejo de Ministros. La ley anunciada por Cardenal para enero apunta repentinamente al limbo.
El enfrentamiento personal que han mantenido Villar, Cardenal, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, dificulta la colaboración entre instituciones cuyo diálogo es imprescindible para normalizar la explotación de los cameonatos de Copa y Liga. En el entorno de Tebas afirman que lo único que quiere Villar es aumentar su cuota de ingresos porque la federación atraviesa dificultades financieras. En la federación replican que es la Liga la que sufre problemas económicos. Un directivo de la federación asegura que la LFP les envió un escrito el mes pasado comunicando la imposibilidad de pagarle los derechos de la Copa y de los partidos ligueros de los viernes. “Es la Liga Profesional la que no nos paga”, dice.
Cardenal advierte de que la solución al enredo depende del acercamiento entre la Liga y la federación, insinuando que ahora él prefiere mantenerse al margen. Pero Cardenal hizo de su gestión una cruzada por impulsar un acuerdo sobre el reparto unificado de los derechos televisivos que se plasmara en una ley. En su empeño ignoró a Villar y negoció con Tebas, enemigo querellante de Villar.
El año pasado Cardenal y Tebas anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para la venta unificada de los derechos audiovisuales, y que cursarían el contenido al Gobierno para su formalización legal. La única noticia que tuvo Villar se la comunicó Cardenal el día que coincidieron en un avión, de regreso de Suiza. El secretario de Estado le dijo que le daría el 2% de una tarta que se presume ascenderá a mil millones de euros. Villar, que aspira a más del 4% que actualmente recibe la federación, se sintió ultrajado. Cardenal llegó a anunciar en el Congreso que suspendería las subvenciones públicas que históricamente recibió el fútbol de las quinielas (hasta tres millones de euros). A Villar le alarma que “el Estado se haya convertido en fiscalizador de la gestión del fútbol más necesitado, tras justificar cada céntimo de euro y realizar todas las obras hace ya entre dos y cinco años”. ”.
La última asamblea de la federación abordaba lo que parecía el nudo infinito del conflicto cuando un directivo tocó la tecla mágica. “Yo sé lo que piensa el presidente Rajoy”, dijo. “Y estoy convencido de que cuando pasen unos días tendrá mucho de qué hablar con el presidente Villar”.
Avanza el año electoral más convulso de las últimas décadas y en el entorno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se proyectan escenarios favorables, neutros o fatigosos. Pero nunca sin fútbol. Nunca con la selección de España apartada de todas las competiciones. Nunca con el Real Madrid, o el Barcelona, vetados en la Champions, sin poder fichar, o sin arbitrajes para celebrar partidos oficiales. Nunca sin el entretenimiento nacional por excelencia. Porque para la mayoría de los políticos españoles, y en especial para los futboleros sensibles como Rajoy, un país sin la rutina del fútbol es un país impredecible. Y eso es exactamente lo que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) amenaza con hacer cuando estudia suspender a España si el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), persiste en su iniciativa de legislar sobre el reparto de los derechos audiovisuales de la Liga sin consultar con la federación, así como en aplicar la ley de Emprendedores en el ámbito del fútbol aficionado.
Ángel María Villar, presidente de la federación y vicepresidente de la FIFA, apeló al artículo 78 del Estatuto de la FIFA, el artículo 48 del Estatuto de la UEFA, y el 198 del Reglamento de la RFEF en su condición de organizadora de todas las competiciones oficiales, en la junta directiva que encabezó el 28 de enero. Estas normas establecen que la titularidad de los derechos sobre las competiciones de cada país corresponde a las federaciones nacionales “sin ninguna restricción”. Villar, junto con los presidentes de clubes presentes en el acto, acordaron denunciar a la FIFA la actividad del CSD. Pero llegaron tarde. El 5 de febrero, antes de remitir la denuncia, la federación recibió otra carta en la que la FIFA se hacía eco de noticias publicadas en “medios de comunicación” para alertar sobre posibles “injerencias gubernamentales” en facultades privativas de la federación. Villar replicó por escrito que, en efecto, a su entender se estaban produciendo “hechos contrarios a la federación” y señaló como primer responsable al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. La FIFA prosiguió con la escalada de tensión burocrática emitiendo una orden el 19 de febrero. La firmó el secretario general Jèrôme Valcke pidiendo a Villar que informe de “todas las actuaciones del Gobierno por si fueran merecedoras de sanciones que acarreen suspensión”.
Tanto Villar como Valcke entienden que el Gobierno ha traspasado sus límites. Primero, legislando sin su consentimiento sobre el reparto de derechos audiovisuales de las competiciones locales, aceptando modificaciones estatutarias de la Liga con el informe en contra de la federación, y evitando la prohibición de los fondos de inversión, cuando la FIFA ha mandado abolir estos instrumentos para acceder a la propiedad de futbolistas. Segundo, la FIFA determina que el Gobierno interfiere en el marco de la empresa privada al aplicar la Ley de Emprendedores en el fútbol base. Esta Ley obliga a que se den de alta en la Seguridad Social los monitores, técnicos, jardineros y auxiliares voluntarios, que colaboran en todo el fútbol aficionado a cambio de pequeñas compensaciones de gastos (habitualmente entre 30 y 90 euros, según la federación). También condiciona a los directivos más humildes, los que no perciben nada por su trabajo, haciéndolos corresponsables entre sí de cualquier sanción que pudiera recaer sobre sus clubes por incumplimiento de la Ley de Emprendedores. Los clubes denuncian que las inspecciones de la Seguridad Social se multiplican.
Presidida por Joseph Blatter, viejo aliado de Villar, la FIFA ya ha sancionado con la suspensión a países como Grecia, Portugal, Perú, Nigeria, Camerún, Bosnia-Herzegovina y El Salvador. Ninguno de los gobiernos afectados encontró medios jurídicos para evitarlo. Castigar a España supondría un paso insólito por las dimensiones de la industria del fútbol en cuestión. “Esa es una pregunta que debe responder la FIFA”, dice Miguel Cardenal, cuando se le interroga por las posibilidades reales de que España sufra una exclusión temporal de los torneos internacionales. En el CSD ha transcurrido otra semana sin que desde Moncloa les anuncien que tratarán el asunto de los derechos del fútbol en el siguiente Consejo de Ministros. La ley anunciada por Cardenal para enero apunta repentinamente al limbo.
El enfrentamiento personal que han mantenido Villar, Cardenal, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, dificulta la colaboración entre instituciones cuyo diálogo es imprescindible para normalizar la explotación de los cameonatos de Copa y Liga. En el entorno de Tebas afirman que lo único que quiere Villar es aumentar su cuota de ingresos porque la federación atraviesa dificultades financieras. En la federación replican que es la Liga la que sufre problemas económicos. Un directivo de la federación asegura que la LFP les envió un escrito el mes pasado comunicando la imposibilidad de pagarle los derechos de la Copa y de los partidos ligueros de los viernes. “Es la Liga Profesional la que no nos paga”, dice.
Cardenal advierte de que la solución al enredo depende del acercamiento entre la Liga y la federación, insinuando que ahora él prefiere mantenerse al margen. Pero Cardenal hizo de su gestión una cruzada por impulsar un acuerdo sobre el reparto unificado de los derechos televisivos que se plasmara en una ley. En su empeño ignoró a Villar y negoció con Tebas, enemigo querellante de Villar.
El año pasado Cardenal y Tebas anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para la venta unificada de los derechos audiovisuales, y que cursarían el contenido al Gobierno para su formalización legal. La única noticia que tuvo Villar se la comunicó Cardenal el día que coincidieron en un avión, de regreso de Suiza. El secretario de Estado le dijo que le daría el 2% de una tarta que se presume ascenderá a mil millones de euros. Villar, que aspira a más del 4% que actualmente recibe la federación, se sintió ultrajado. Cardenal llegó a anunciar en el Congreso que suspendería las subvenciones públicas que históricamente recibió el fútbol de las quinielas (hasta tres millones de euros). A Villar le alarma que “el Estado se haya convertido en fiscalizador de la gestión del fútbol más necesitado, tras justificar cada céntimo de euro y realizar todas las obras hace ya entre dos y cinco años”. ”.
La última asamblea de la federación abordaba lo que parecía el nudo infinito del conflicto cuando un directivo tocó la tecla mágica. “Yo sé lo que piensa el presidente Rajoy”, dijo. “Y estoy convencido de que cuando pasen unos días tendrá mucho de qué hablar con el presidente Villar”.
La FIFA amenaza con parar al fútbol español
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